Las transacciones inmobiliarias sumaron ayer nuevos controles que podrían demorar el cierre de las operaciones e incrementar los costos de los corredores. Cualquier persona que quiera comprar o vender inmuebles por un valor de US$ 140 mil (o $ 600 mil) o más al año tendrá que justificar el origen de los fondos con declaraciones juradas de su estado civil, ingresos anuales e impuestos. Precios llamativamente altos o bajos, desinterés por las características de la propiedad, nerviosismo por cerrar la operación a toda costa serán circunstancias que podrían ameritar que la inmobiliaria envíe un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera para investigar si hubo lavado de dinero o financiamiento de actividades terroristas.
Si los fondos para comprar el inmueble provienen de una venta de otra propiedad, también deberá presentar una copia autenticada de la escritura, una certificación extendida por un contador con el origen de los fondos, documentación bancaria o que acredite la venta de autos, títulos o ganado o cualquier otra que respalde la tenencia de fondos lícitos para la operación.
La inmobiliaria también tendrá en cuenta "el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que habitualmente realiza el cliente" y "el origen y destino de los fondos", según la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial. Además verificará si el cliente figura en listados de terroristas y les exigirá a las partes que firmen una declaración jurada en la que aclaren si son "personas expuestas políticamente" (funcionarios públicos de rango medio o alto) o no.
Según el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Néstor Walenten, con 35 años en el sector, la normativa de la UIF "perturbará el mercado" ya que "demandará capacitación y digestión, especialmente, por parte de los compradores que, a diferencia de los vendedores, carecen del respaldo que brinda un título de propiedad".
La CAI, junto con la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y el Colegio de Corredores mantuvieron reuniones con los técnicos de la UIF para hacerles llegar su conocimiento del mercado. Sin embargo, la entidad que comanda José Sbatella desoyó las sugerencias y fijó un límite para agudizar los controles a las operaciones de sólo $ 600 mil (unos US$ 140 mil). En Palermo, con ese monto sólo se puede comprar un departamento de unos 70 metros cuadrados. "Veníamos negociando algo más flexible pero la UIF habrá priorizado los requisitos del GAFI" (Grupo de Acción Financiera Internacional), el organismo global al cual Sbatella deberá rendirle cuentas en al primera semana de febrero en París.
Desde 2003, los escribanos ya tenían que rendir cuentas ante la UIF. Sin embargo, ahora, esa obligación también recae en empresas comerciales, como son las inmobiliarias, muchas de ellas familiares o sociedades de hecho.
Walenten descartó que la normativa implique mayores costos: "sólo hay que exigir más información, archivar y, eventualmente, advertirle a la UIF por internet", opinó. No obstante, las nuevas reglas de juego significarán que los corredores y sus empleados se capaciten mediante cursos que dictarán las entidades del sector. También requerirán de inversiones en software y diseño de procedimientos de control.
Las concesionarias de yates deberán seguir los mismos lineamientos que las inmobiliarias pero, en este caso, el foco se pondrá en los clientes que realicen operaciones por un monto anual de $450.000 (unos US$104 mil) o más.
